Un Código Mercantil respetuoso con la Ley de Contrato de Seguro, pero adaptado a las necesidades del mercado

El Hotel Ritz de Madrid acogió ayer la jornada ‘La nueva regulación del Contrato de Seguro en el Anteproyecto de Código Mercantil’, organizada por INESE y Clyde & Co. El evento contó con una nutrida participación de aseguradores, corredores, peritos y abogados.

Susana Pérez, directora de INESE, dio la bienvenida a los asistentes y repasó algunos aspectos de la reforma en curso, que supondrá la incorporación de la Ley de Contrato de Seguro al Código Mercantil. Explicó que el Anteproyecto de Código Mercantil “es bastante respetuoso con la LCS”, aunque se adapta “a las nuevas realidades del mercado”.  Miguel Relaño, socio de Clyde & Co, recordó que la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia lleva siete años trabajando en la reforma del Código Mercantil, una ley que “afecta de forma radical al contrato de seguro”. “La LCS va a desaparecer y su contenido va a formar parte del Código Mercantil; pero también va a haber cambios en el contenido”, especificó.

Normativa general sobre contratos

Juan José Marín, catedrático de Derecho Civil y abogado, remarcó que la entrada en vigor del futuro Código Mercantil supondrá la derogación de la LCS de 1980, pese a que dicha ley “no era suficientemente vieja para ser derogada”. En este sentido, afirmó que la ley “había suscitado consenso y venía funcionando razonablemente bien desde su entrada en vigor. No había serios motivos para derogarla”.

También indicó que “habrá que ver cómo se contextualiza una ley que hasta ahora vagaba sola” y que era “autosuficiente”. Así, especificó que “ahora tiene que ponerse en relación con los principios generales del Libro Cuarto del Código Mercantil”. Marín incidió en que, tras la aprobación del nuevo Código, coexistirán el citado Libro Cuarto y el Título I y II del Libro Cuarto del Código Civil, referidos a las obligaciones y los contratos. De este modo, se plantean dudas acerca de la norma a aplicar a la hora de interpretar el contrato de seguro, aunque la inclusión del contrato de seguro en el Código Mercantil supondrá su consideración como un contrato mercantil. Además, puntualizó que uno de los motivos de la inclusión de la LCS en el Código Mercantil es para “poner fin a la ‘fiesta legislativa’ de algunas Comunidades Autónomas”, pues el Código Mercantil fija la base de las obligaciones contractuales como competencia exclusiva del Estado.

Como conclusión, afirmó que el nuevo Código Mercantil es “deliberada y conscientemente incompleto” en la regulación sobre obligaciones y contratos; y añadió que “existen evidentes y no evitadas yuxtaposiciones normativas entre el Anteproyecto y otras normas de Derecho privado”, con un ‘efecto retorno’ al Código Civil, “que seguirá teniendo  un amplísimo campo de aplicación”.

 

Novedades del Código Mercantil

Pablo Muelas, subdirector general de Seguros y Regulación de la DGSFP, explicó que “la LCS era muy buena en cuanto a técnica legislativa, por eso se descartó una nueva ley totalmente novedosa, optando por adaptarla a los tiempos, con cambios en detalles”. Respecto a la entrada en vigor del nuevo texto, comentó que “todos cruzamos los dedos para que pueda ver la luz en esta legislatura”. De momento, está pendiente del dictamen del Consejo de Estado para pasar a trámite parlamentario. “Será una tramitación que, en el mejor de los casos, llegará al final de la legislatura”, adelantó.

A continuación, se abrió un turno de preguntas. Se le cuestionó acerca de por qué se extrae la definición de los grandes riesgos de las normas que regulan el contrato de seguros, llevándolo al marco del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia (ALOSSEAR). Muelas respondió que “algunos de los artículos que actualmente están en la LCS parecía más propio que estuvieran en el ámbito de la supervisión y por eso los hemos desplazado”. Respecto al pago de los gastos de minoración en caso de siniestro, que se pueden llegar a traducir en la duplicación de la suma asegurada, el representante de la DGSFP señaló que el Anteproyecto “aclara una cosa que ya se hacía en jurisprudencia” y justificó que el pago de estos gastos de salvamento supone un incentivo para evitar que el asegurado no tome las medidas para aminorar las consecuencias del siniestro, por lo que “repercute positivamente en la indemnización que tendrá que dar la aseguradora”.

También se le preguntó si cabe esperar que el texto definitivo flexibilice el refuerzo de la mayor protección del beneficio de los asegurados que recoge el Anteproyecto, dado el “maltrato judicial” que, en opinión de algunos de los presentes, sufren las aseguradoras. Muelas contestó que “es una regulación sensible al momento que vivimos, en el que la protección del consumidor es lo primero”, aunque destacó algunos puntos que mejoran la posición de la aseguradora, como el ajuste de los intereses de moratorios.

 

Repercusiones prácticas

Los expertos de Clyde & Co también repasaron en la jornada las repercusiones prácticas de la reforma. Jesús Iglesias habló acerca de la proposición de seguro y la suscripción y emisión de la póliza, resaltando que “se flexibilizan mucho los deberes del asegurador”. Entre las novedades del Anteproyecto destacó la presunción de la aceptación de todas las condiciones por parte del tomador transcurridos dos meses desde el pago de la prima; la desaparición de la obligación de firmar la póliza y de su entrega física, aunque siga teniendo que ser puesta a disposición del asegurado; y la modificación del plazo de oposición a la prórroga para el asegurado, que se rebaja a un mes.

Ricardo Garrido  se refirió a los cambios en la tramitación del siniestro, entre los que sobresale la modificación de los intereses moratorios, que será positiva para el asegurador. Pero también hay aspectos negativos, como sucede con los gastos de minoración, que hace que el asegurador vaya a tener que hacer un seguimiento más activo; y el plazo de 40 días para el pago a cuenta o rechazo motivado, lo que supone trabajar con unos “plazos muy ajustados”.

Ignacio Figuerol departió sobre los cambios en el seguro de Responsabilidad Civil. Recordó que el plazo mínimo de cobertura posterior se amplía hasta los dos años desde la resolución del contrato. Además, incidió en que el Anteproyecto indica que este seguro cubrirá “hechos producidos durante la vigencia del contrato”, pero también señala que la cobertura de la aseguradora comprenderá “en todo caso” las reclamaciones planteadas en los dos años siguientes a la finalización de la relación contractual. Así pues, entiende que va a haber casos en los que concurran varias pólizas, donde haya dudas acerca de los límites que entran en juego. “Va a dar múltiples interpretaciones”, comentó.

Fuente: BDS 23/10/2014

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