El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Supervisión de los Seguros


El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Supervisión de los Seguros

El Consejo de Ministros aprobó este pasado viernes el Proyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados, cuyo objetivo, según explica el Ejecutivo, “es regular el acceso a las actividades de seguro y reaseguro privado y de las condiciones y supervisión de su ejercicio, con la finalidad principal de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios y de promover la transparencia del mercado de seguros y el desarrollo de la actividad aseguradora privada”. Al mismo tiempo, se ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria del proyecto por el procedimiento de urgencia.

El proyecto transpone a la legislación española la Directiva de Solvencia II, que ahonda en la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, “posibilita el establecimiento de un marco legal homogéneo dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras europeas desarrollen su actividad en todo el mercado interior”.

La futura ley reforzará la supervisión sobre el sector asegurador en dos ámbitos: el control de la solvencia financiera y de los requisitos de buen gobierno de las entidades, y la vigilancia de las prácticas y conductas de mercado para garantizar los derechos de los asegurados y beneficiarios.

Nueva configuración de los requisitos de capital

Recuerda el Gobierno que la Directiva de Solvencia II articula la solvencia de las aseguradoras en tres pilares, que se refuerzan mutuamente: un sistema de solvencia basado en el riesgo, con las exigencias de unos requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades; un nuevo sistema de supervisión con el objeto de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades; y exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos claves del perfil de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.

Así, tal y como establece la directiva, el control de la situación financiera de las aseguradoras y reaseguradoras debe basarse en sólidos principios económicos y en el uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los datos disponibles sobre los riesgos asumidos. Con arreglo a este enfoque, los requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, que deben clasificarse con arreglo a criterios de “calidad, seguridad y disponibilidad”. Así se fijan dos niveles de exigencia de capital: el  capital de solvencia obligatorio, variable en función del riesgo asumido por la entidad y basado en un cálculo prospectivo; y el capital mínimo obligatorio, configurado como un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deberían descender los recursos financieros.

Convergencia de la supervisión

Conjuntamente con la nueva concepción de la solvencia, se da otro elemento determinante del futuro de la supervisión de la actividad aseguradora europea, que es la política comunitaria de estabilidad, integración y regulación financiera, cuyo objeto es diseñar medidas de seguridad de alcance europeo para prevenir y, en última instancia, gestionar eficazmente las crisis financieras.

En este sentido, se ha constituido, desde este año, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, con importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión de seguros y reaseguros. El proyecto de ley aprobado el viernes asume “como principio rector la convergencia de la actividad supervisora europea en lo que respecta a los instrumentos y a las prácticas de supervisión, y el papel que en esa convergencia corresponde a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación”.

 Fuente: BDS 11/07/11

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