Un seguro de defensa jurídica, también llamado seguro de protección jurídica o seguro de protección legal, es un seguro que cubre al asegurado frente a cualquier litigio que pueda tener, en función de las condiciones de su póliza. Dicho de otra manera, es un seguro por el cual el asegurador se obliga a hacerse cargo de los gastos que pueda tener el asegurado a consecuencia de un procedimiento judicial, arbitral o administrativo, siempre y cuando esto entren dentro de los límites establecidos por el contrato de seguro.
Muchas aseguradoras incluyen la cobertura la defensa jurídica de manera adicional en sus seguros más completos. Por ejemplo, los seguros multirriesgo de hogar o para comunidades de propietarios pueden incluir una cobertura de defensa jurídica, y también los seguros de vehículos a todo riesgo. Pero, además de ser necesario comprobar que existe esta cobertura y sus límites, hay que tener en cuenta que estas coberturas se ciñen a los términos del seguro en el cual están incluidos, nada más.
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Coberturas de los seguros de defensa jurídica
La cobertura principal de los seguros de defensa jurídica es cubrir los gastos del asegurado a consecuencia de su intervención en un proceso judicial, así como la prestación de servicios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, que se deriven de la cobertura del seguro. Este seguro cubre los gastos generados a todas las personas incluidas en la póliza, tanto en los procesos iniciados para hacer una reclamación como los de defensa ante una acusación o denuncia.
Lo que dice la ley
Las coberturas de los seguros de defensa jurídica, en función de cada aseguradora y cada producto, pueden incluir ser muy variadas. En cualquier caso, los seguros específicos de Defensa Jurídica debe garantizar, como mínimo, las siguientes coberturas:
Libre elección de abogado y procurador
El asegurado tiene derecho a elegir su propio abogado y procurador, según el proceso que se indique en la póliza. . La única condición es que el profesional pueda ejercer en el lugar donde se desarrolle el procedimiento.
Defensa independiente de la aseguradora
El abogado o procurador, según recoge la ley, puede resolver el litigio “sin depender de instrucciones del asegurador”.
Pago de honorarios de los profesionales
Es la aseguradora la abona los honorarios a los profesionales, pero en la póliza puede especificarse una cuantía máxima, de modo que la diferencia debe ser abonada por el asegurado.
Pago de gastos urgentes
La aseguradora debe abonar también los honorarios derivados de las intervenciones de letrados y procuradores en los casos de carácter urgente. Como en el caso anterior, esta cantidad puede tener límites.
Apelaciones, recursos y transacciones
En la póliza debe quedar reflejado cuándo es posible apelar y cuándo se puede presentar un recurso o una transacción. Además, en la póliza debe reconocerse el derecho del asegurado al reembolso de los gastos de los procesos efectuados en discrepancia con la entidad aseguradora en caso de que se obtenga un resultado más beneficioso.
Coberturas y ámbitos de actuación
Dependiendo de la aseguradora, el seguro de defensa jurídica puede incluir las coberturas:
- Redacción y revisión de documentos legales
- Asesoramiento jurídico telefónico
- Asistencia presencial
- Defensa civil
- Defensa penal
- Gastos judiciales
- Defensa laboral
- Defensa tributaria
- Separación o divorcio
- Defensa y reclamación de herencias
- Pago de fianzas
- Reclamaciones de consumo
- Reclamaciones tras accidentes de tráfico
- Vigilancia en boletines
- Restauraciones de la situación personal tras una suplantación de identidad
- Reclamaciones relacionadas con la vivienda
Contratar un seguro de defensa jurídica
Hay muchos tipos de seguros de defensa jurídica adaptados a las necesidades de diversos colectivos y situaciones familiares y/o profesionales. Antes de decidirte por uno, compara bien las coberturas y los límites y asegúrate de que cuenta con todas las garantías que crees que vas a necesitar.
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