La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha aprovechado su intervención en la jornada ‘La función de verificación del complimiento’ organizada por Seaida para pedir una reforma de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) que “proscriba definitivamente las obligaciones formales, que se traducen en una sobrecarga de trabajo para las entidades que, en última instancia, genera situaciones de falta de seguridad jurídica en la contratación”. En este sentido, ha pedido que la LCS se adecúe a “las realidades que imponen la tecnología y los usos sociales en el proceso de contratación de seguros”. A su juicio, “este rigor formalista en la contratación es uno de los mayores problemas a los que tienen que enfrentarse los responsables de cumplimiento normativo de las entidades”.

Pilar González de Frutos también ha advertido de las consecuencias de la profusión normativa a la que se tiene que enfrentar el sector: “Es de tal magnitud que si no se establecen prioridades en función de riesgos, no habrá suficientes medios en una organización para cubrir todo el universo normativo que rige la actividad. En ocasiones, incluso, con algunas inconsistencias e incongruencias jurídicas entre la legislación sectorial aseguradora y, muy frecuentemente, con la legislación general”. En concreto, la presidenta de Unespa ha alertado del colapso normativo que se está produciendo en materia de información previa en los seguros de Vida, un colapso que, según ha advertido, “es claramente perjudicial para el cliente, al estarse dictando obligaciones de informaciones por diferentes vías como son la nota informativa de Solvencia II, la orden de transparencia en Priips, el Rdssear o el KID de los Priips”. Además, también ha llamado la atención sobre la futura transposición de la Directiva IDD para advertir de que la forma en que la lleva a cabo el legislador español determinará que el sector tenga que afrontar o no un cambio estructural importante: “Esperamos que nuestro legislador sea consciente del sobreesfuerzo de las aseguradoras y de la necesidad que tiene este sector de asentar y consolidar todos los procesos acometidos con Solvencia II en un marco jurídico estable y sin tener que acometer nuevas oleadas de legislación”. Fuente: Carta del Seguro 26/10/2016

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