Una compañía no puede repetir contra un asegurado porque no queda acreditado que las aceptase Un tomador y a la vez asegurado de AXA tuvo un accidente de circulación cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Por este caso fue condenado en vía penal por un delito de lesiones por imprudencia grave, en concurso con un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por ello, la aseguradora repitió contra él tanto en relación con el seguro obligatorio como respecto al voluntario (causa de exclusión del siniestro contenida en la póliza). El demandado se opuso a ello judicialmente por considerar que no conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas; nunca firmó esa póliza, que había contratado con un clausulado diferente; que siempre había contratado las pólizas de circulación a “Todo Riesgo”, por lo que no admite dicha limitación y que, además, tratándose de una cláusula “limitativa” hubiera necesitado del requisito de la “doble firma” para admitirse como aceptada. Además, añadía, la cláusula limitativa (que permite la repetición) no es una cláusula cuya tipografía resulte visiblemente clara, pues no está debidamente “resaltada” en el contrato. A pesar de ello, la sentencia de primera instancia consideró la pretensión de la aseguradora por entender que la firma del demandado al final de la póliza era suficiente como para haber aceptado las limitaciones que el contrato contiene. Cláusulas – dice- resaltadas en negrita y fácilmente legibles. Por ello, se le condena al pago de 953.510,91 euros, más los interese legales desde la reclamación judicial hasta el pago y las costas del procedimiento Tras esta sentencia, el asegurado decide recurrir a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que le da la razón. En su fallo, se da como probado que el demandado contrataba las pólizas de sus vehículos a través de su corredor, quien, en el juicio de primera instancia, declaró que su cliente jamás había acudido a firmar las pólizas; que él se las remitía, pero que no le entregaba un duplicado para que se lo devolviera firmado. Por tanto, señala que “la prueba permite concluir que, efectivamente, la práctica habitual (por razones de agilidad, rapidez, economía de tiempo o técnica comercial) era la inexistencia de firma, incluso de la póliza o condiciones particulares”. La Audiencia Provincial se pregunta si resulta suficiente “la firma del demandado en la página 22 de 22, al final del redactado del contrato y bajo el epígrafe ‘7. Aceptación de condiciones’”. Sobre ello, a partir de la doctrina jurisprudencial, la Audiencia concluye que “no consta que en ningún momento anterior a la firma de la póliza vigente (sucesora de las precedentes) la aseguradora le informara de las limitaciones de cobertura; ni siquiera de la exigencia de cláusula de estilo al respecto”; que “la cláusula 7 de las Condiciones Generales de la póliza litigiosa es una cláusula no de voluntad, sino de conocimiento, en la que ni hay tipología especial, ni letra que resalte, ni identificación de las concretas cláusulas limitativas. Una simple remisión genérica. Todo ello en un contexto literario de advertencias variadas”; que “tampoco la cláusula limitativa resalta bajo ningún concepto. Ni letra especial, ni ubicación llamativa. Está incluida en una sucesión de cláusulas con idéntico tamaño de letra, en las que hay literatura descriptiva, delimitadora… sin solución de continuidad. Y sin que el tono de aquella pueda calificarse como de ‘llamada visual’ especial en un contexto general que adopta una presentación en la que no necesariamente la letra ‘negrita’ constituye aviso de ‘exclusión’ o ‘limitación’” y que, “por fin, la aseguradora ni siquiera expresa cómo, dónde, cuándo le informó al tomador de la información requerida por el Art. 104 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y, por ende, de las limitaciones concretas de sus derechos”. Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su auto de 20 de mayo, decide no admitir el recurso de casación de la compañía, que mencionaba la infracción del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, “con interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla”, “la infracción por inaplicación de los artículos 6, 26 y 42 de la Ley 26/06 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados” y “la infracción por aplicación indebida del artículo 104 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados”. El Supremo considera que “no se acreditó información al asegurado y que no aceptó en el contrato de seguro voluntario todo riesgo la exclusión del riesgo que alega la demandante para sostener su pretensión”. Fuentes de la entidad han confirmado a esta Redacción que se ha pedido una aclaración al Tribunal sobre su decisión al respecto de esta sentencia. Fuente: BDS 30/06/2015

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