Todas las entidades de interés público, entre las que se encuentran las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el MAB), y no solo las sociedades cotizadas como hasta ahora, estarán obligadas a tener un Comité de Auditoría, con carácter general, una vez entre en vigor la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Así lo fija el proyecto de ley de la norma, cuya remisión a las Cortes Generales fue aprobada este viernes por el Consejo de Ministros. Los miembros de los citados comités de auditoría deben ser consejeros no ejecutivos y la mayoría de ellos deben ser independientes. Entre sus competencias cabe citar las siguientes: informar al órgano de administración del resultado de la auditoria, supervisar el proceso de información financiera, autorizar los servicios a prestar por los auditores distintos de los incompatibles, examinar con estos las posibles amenazas a la independencia y ser responsable del proceso de selección. La CNMV será la responsable de supervisar el cumplimiento de estas funciones, sin perjuicio de las competencias en materia de supervisión de la actividad de auditoría de cuentas reservadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El desarrollo de esta nueva Ley de Auditoría viene derivado de la necesidad de adaptación a la normativa europea. El Ejecutivo recuerda que la directiva y el reglamento europeos aumentan la transparencia y la independencia de los auditores, y suponen un elemento esencial del mercado interior. Así, por tanto, el objetivo de la futura norma es “elevar la calidad de las auditorías para aumentar la confianza en la información económica y financiera”. Entre las medidas contempladas en el proyecto de ley para cumplir estos objetivos están la rotación de la firma auditora en diez años, límites a algunos honorarios y el establecimiento de una lista con once servicios incompatibles. Fuente: BDS 16/02/2015

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