La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que debería mejorarse la fiscalidad de los planes de pensiones, con el fin de fomentar el ahorro de los particulares y complementar las futuras pensiones públicas. Según recuerda la institución en su Informe Anual 2014, presentado ayer ante el Congreso, cuando se efectúan las aportaciones al plan de pensiones, el tratamiento fiscal es “atractivo” para el contribuyente pues implica una reducción directa de la base imponible, pero en el momento del rescate, “el rendimiento del plan de pensiones y las aportaciones tributan al tipo que pague el sujeto pasivo por los rendimientos de trabajo”.

Desde la institución se inició en 2013 una actuación de oficio, que continúa en trámite, respecto a la necesidad de impulsar el ahorro privado para completar las futuras pensiones estatales, así como la revisión de la normativa de los planes de pensiones, ante el Ministerio de Economía y Competitividad, ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y ante la Secretaría de Estado de Hacienda. El órgano de control de seguros elaboró un informe sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para promover su extensión en España. “Sin embargo, la Secretaría de Estado de Hacienda no ha estimado oportuno establecer mayores beneficios fiscales respecto de la tributación de los planes de pensiones”, advierte la Defensora del Pueblo.

Clientes “cautivos” en los seguros de Decesos

En su informe, la institución también aborda la problemática de los  seguros de Decesos, que se consideran un seguro de riesgo, no de personas y, por tanto, “no recibe el trato de un seguro de Vida, no es capitalizable, rescatable ni transmisible, dando como resultado clientes cautivos, restringiendo la voluntad de  cambiar de entidad aseguradora, lo que genera gran disconformidad entre los suscriptores”. Este problema, explica la institución, se debe a la insuficiencia normativa específica sobre esta modalidad aseguradora. La carencia de normativa concreta lleva a que existan “lagunas que afectan negativamente a los asegurados”. Para ello, la Defensora del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante la DGSFP que informa de que en el proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Seguro, que se enmarca en el anteproyecto de Ley del Código Mercantil, se ha previsto incluir un artículo específico sobre el seguro de Decesos.Se ha recomendado que, en el proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Seguro, se incluya un sistema para el cálculo y actualización de las primas del seguro de Decesos, “para evitar la incertidumbre que crea a los clientes, y, en su caso, el posible lucro excesivo de las compañías aseguradoras”

No obstante, se advierte desde la Defensora del Pueblo, la nueva previsión normativa no hace alusión alguna al cálculo del incremento de las primas. “Muchos ciudadanos han trasladado a esta institución su inquietud respecto al aumento de la prima a partir de que el asegurado alcanza una determinada edad, momento en el que no pueden acudir a otras compañías, pues no son aceptados, o porque la prima propuesta sería muy elevada”. En opinión de la institución, el efecto debería ser “inverso” al tiempo transcurrido desde la contratación de la prima, “puesto que la posible contingencia ha sido amortizada y las compañías han ingresado mucho más que el coste de los servicios funerarios”. Por todo ello, se ha recomendado que, en el proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Seguro, se incluya un sistema para el cálculo y actualización de las primas del seguro de Decesos, “para evitar la incertidumbre que crea a los clientes, y, en su caso, el posible lucro excesivo de las compañías aseguradoras”. Seguros aparejados a préstamos hipotecarios

Finalmente, y en relación al sector asegurador, el informe anual recoge la situación de la actuación de oficio sobre la imposición de contratación de seguros aparejados a los préstamos hipotecarios por parte de las entidades bancarias a sus clientes, en la que se efectuó una recomendación para restringir esta práctica y que las pólizas se redacten con mayor claridad. Tal y como informamos en su momento en este boletín, la institución se hace eco de la  Directiva Hipotecaria 2014/17/  y el Reglamento, cuya fecha límite de transposición es el 21 de marzo de 2016, que prohíbe las ‘tying practices’ o ‘prácticas de venta vinculada’, si bien permite las denominadas ‘bundling practices’ o “prácticas de  venta combinada’. “En consecuencia, conforme a lo establecido en dicha Directiva, y a la luz de la disposición adicional vigésima de la mencionada Ley 10/2014, el Ministerio de Economía y Competitividad está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley de transposición, de forma que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley dentro del plazo señalado legalmente”, se concluye.

Fuente: BDS 27/02/2015

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