“El sector asegurador deberá invertir 3,5 millones de euros en prepararse para la aplicación del nuevo sistema” de valoración de daños por accidentes de circulación, incluyendo la parte formativa. Es la estimación que hace el presidente de la Comisión de Expertos encargada de la reforma del baremo y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Gerona, Miquel Martín Casals, que destaca que en la industria aseguradora se están dando pasos en este esfuerzo formativo, al contrario que en otros ámbitos también relacionados con el nuevo baremo, como es el de la judicatura, donde no se perciben movimientos formativos.

Martín ha participado el martes y miércoles de esta semana en dos talleres teórico-prácticos, en Vigo y La Coruña, en los que se dieron a conocer los cambios que presenta la norma y se analizó la nueva aplicación de los conceptos y las tablas económicas. La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso aprobó el martes el Proyecto de Ley por el que se modifica el baremo. Entre las enmiendas aprobadas destaca la regulación de los requisitos de la oferta motivada y la introducción de mejoras técnicas en los procesos penales relacionados con accidentes de circulación. Durante la sesiones, también se adelantó que TIREA está desarrollando una herramienta informática que permitirá realizar el cálculo de indemnizaciones de una forma sencilla. Para Martín, “se pretende validar la aplicación de forma que no sea solo un producto para las entidades aseguradoras; si se consigue que sea accesible en octubre, será una alivio para los que tengan que aplicarla”. Entre las críticas que los propios profesionales hacen al sistema, José Antonio Badillo, delegado Regional en Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros y director de la revista RC, considera un fallo no obligar por ley a la indemnización en forma de renta vitalicia en los casos de grandes lesionados: “Los gastos deberían pagarse conforme se vayan generando, que serán unas veces mayores, y otras menores”; si bien, reconocía que esta práctica no es aplaudida por las entidades aseguradoras ya que “se pretende archivar lo antes posible un siniestro y no tenerlo aperturado durante 20 años”. En este sentido, el abogado José Pérez Tirado, que participó como miembro de la Comisión en representación de las asociaciones de víctimas, considera necesaria la presencia y representación de dichas asociaciones en la negociación de los convenios de asistencia sanitaria, a los que la puesta en práctica del nuevo baremo sólo debería afectar en la asimilación del concepto de “gastos médicos futuros”. “No se puede usar el baremo como una vía de estafa al mundo asegurador” En las jornadas también participaron otros miembros de la Comisión de Expertos, como Mariano Medina, que repasó los posibles perjuicios que se pueden manifestar en caso de fallecimiento en accidente de tráfico. A su juicio, con la estructura del nuevo baremo (que diferencia para cada categoría de indemnización el perjuicio personal básico, el perjuicio personal particular y el perjuicio patrimonial) el problema de adaptación al nuevo sistema para los profesionales del Derecho estará en la delimitación del perjuicio personal particular, que deberá atender a las circunstancias especiales de cada perjudicado, debiendo realizar mayor esfuerzo en la aportación de pruebas suficientes para la adjudicación de la indemnización. A este respecto, advertía: “No se puede usar el baremo como una vía de estafa al mundo asegurador”. Durante su exposición, Manuel Mascaraque recordó que las indemnizaciones obtenidas de las tablas para cada perjudicado incorporan la cuota del ingreso para cada tipo de perjudicado. Además, detalló que se establecen tres tipos de ajustes: redistribución de cuotas en caso de múltiples indemnizados, multiplicación de la indemnización en los casos de existencia de único perjudicado y reajustes en el caso de víctimas con dedicación a las tareas del hogar.  

DEJA TU COMENTARIO