El Gobierno no sacará adelante la Ley de Resolución de Conflictos de Consumo, como tenía previsto para cumplir con la legislación europea, debido, según informan a El País desde el Ejecutivo, a la complejidad de la norma, que incluía crear un organismo de defensa del cliente de bancos, seguros y productos financieros. En abril pasado, el Ministerio de Sanidad hizo público el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo. Su objetivo era “garantizar a los consumidores la resolución de conflictos con procedimientos de calidad, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos, con un coste gratuito o simbólico para el consumidor”. Se debía haber transpuesto la Directiva 2013/11 de Bruselas antes de julio, pero no lo ha hecho, superando el límite establecido, según Adicae. Fuentes del citado ministerio apuntan que es un texto que exige mucha preparación y que no se ha podido cerrar antes. La norma está ahora en el Consejo de Estado, pero ya no hay tiempo para enviarlo al Parlamento antes de la disolución de las Cortes. Los organismos financieros afectados dan por hecho que la ley no se enviará al Parlamento. Cabe recordar, tal y como recogíamos en el BDS del pasado 29 de abril, que mediante la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, se instaba a mejorar la protección a los clientes de los servicios financieros, para lo que el Gobierno debía evaluar “la conveniencia de promover la unificación de los servicios de reclamaciones actualmente dispersos entre el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)”. Fuente: BDS 20/10/2015

DEJA TU COMENTARIO