Aprobado en Comisión por los votos de PP, PSOE y CiU

“En los casos de disolución de la mutua y en los de transformación, fusión y escisión en que la entidad resultante de la transformación o fusión, o beneficiaria de la escisión sea una sociedad anónima, así como en los de cesión global de activo y pasivo, los mutualistas actuales y los que lo hubiesen sido en los cinco últimos años, o con anterioridad si así lo prevén los estatutos, percibirán, al menos, la mitad del valor del patrimonio de la mutua”. Esta es una de las enmiendas introducidas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) remitido por el Gobierno.

Según el Grupo Popular, “con esta modificación se salvaguardan los derechos de los mutualistas en las operaciones societarias, garantizando su participación en el patrimonio de la mutua en caso de disolución o cuando esta participe en operaciones societarias en que dicho patrimonio se transmita a una sociedad anónima ya existente o bien de nueva creación”. Así, se amplía de tres a cinco años la antelación mínima con la que, quienes hayan sido mutualistas, tendrán derecho a participar en el reparto del patrimonio de la mutua “en coherencia con lo establecido en la legislación sobre cooperativas”. Asimismo, se regula el porcentaje mínimo que debe alcanzar la participación de los mutualistas.

El texto, que se remite ahora al Senado, contó, en la Comisión de Economía del Congreso, que lo aprobó ayer con competencia legislativa plena, con los votos a favor del PP, PSOE y CiU. En total, ha tenido 38 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

El PP destaca el papel de las aseguradoras

Según ha explicado el representante del Grupo Popular en la Comisión, Vicente Martínez-Pujalte, el PP también se ha comprometido a incluir en el Senado una enmienda propuesta por el PSOE, que establece que en los Seguros de Decesos, Enfermedad o Asistencia Sanitaria, “transcurridos tres años desde la primera contratación no podrán reducirse las coberturas ni las prestaciones por el asegurador, y la oposición a la prórroga solo podrá ser ejercida por el tomador”.

Esta ley, apuntaba Martínez-Pujalte, “avanza en las garantías del consumidor porque garantiza el capital y su solvencia; se trata de completar la transposición de la normativa europea a la legislación en España”. En este sentido, recordó que “la ley de seguros ha estado modificada permanentemente y en el 2011 el gobierno socialista, en el Decreto Ley de Economía Sostenible ya modificaba también la ley”.

Asimismo, el portavoz de Economía del Grupo Popular ha afirmado que “las entidades aseguradoras juegan un papel esencial en la economía” y “aunque España ha padecido una gravísima crisis económica, en este país no ha habido ningún problema con ninguna entidad aseguradora”.

Blindar las competencias autonómicas, objetivo de CiU

Por su parte, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, defendió el voto favorable a la Ley después de que se haya cumplido el objetivo del Grupo Catalán de “preservar las competencias de la Generalitat en materia de supervisión, registro, mutualidades y cooperativas aseguradoras”. CiU explica que ha sido la aprobación de 11 de sus enmiendas las que han permitido “este blindaje competencial”. “Con las enmiendas transaccionales que hemos negociado con el PP, hemos conseguido mantener el equilibrio competencial”, ha afirmado el diputado catalán.

De esta forma, precisa CiU, “la supervisión de entidades aseguradoras domiciliadas en un territorio y que ejerzan sus funciones en ese territorio corresponderá a la Administración que tenga competencias en esta materia, en el caso de Cataluña a la Generalitat”. Lo mismo sucederá en el caso de los registros: “Aquellas CC.AA. que tengan competencias en materia de ordenación y supervisión serán las únicas responsables de llevar a cabo el correspondiente registro administrativo”, remarca el grupo parlamentario catalán.

INESE ha programado sendas jornadas, en Madrid y en Barcelona, en las que se analizarán los principales aspectos del Proyecto de LOSSEAR. En concreto se abordarán puntos tan importantes como los cambios inmediatos que requerirán las compañías tras la entrada en vigor de la nueva ley, en especial el nuevo sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y su adaptación a la Directiva “Solvencia II”, incidiendo especialmente en el régimen de responsabilidad de Directivos y Administradores a aplicar.

Fuente: BDS 13/05/2015

 

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